En el desarrollo del proyecto que la Casa de la Memoria La Sauceda ha puesto en marcha sobre la depuración de docentes, a partir de los expedientes localizados en el Archivo General de la Administración y en el Archivo Central de Educación, ambos en Alcalá de Henares, nos encontramos con una documentación variada, especialmente la que los y las enseñantes aportaron para tratar de recuperar sus puestos de trabajo. Sin embargo, para el funcionamiento de la represión, las Comisiones Depuradoras del Magisterio Nacional, a nivel provincial, basaban sus decisiones en las certificaciones que aportaban las autoridades en la nueva situación de lo que ellos llamaban la España Nacional.
Así, los expedientes recogen, invariablemente, certificados de las alcaldías, obviamente, todas en manos de Falange, como ya sabemos, ya que fue quien aportó la ideología a los rebeldes, de alguna manera, para encuadrarse dentro de los defensores del fascismo, aliados en la guerra que pusieron en marcha en nuestro país, puesto que su ayuda fue determinante a la hora de la victoria en la misma. Sabemos que, no obstante, dentro del nuevo régimen existían diferentes tendencias, como monárquicos nostálgicos de Alfonso XIII y los Borbones, carlistas defensores de las tradiciones más arcanas y otros versos sueltos conservadores, católicos, nacionalistas del nacionalismo español, etc. Todos estos grupos, verbigracia del dictador quedaron unidos en el llamado Movimiento Nacional. Así que, no resulta extraño que, a la hora de depurar al magisterio, tuvieran su parcela de protagonismo los alcaldes recién nombrados que, bien certificaban en nombre propio, bien lo hacían desde folios membretados por los símbolos del partido falangista.
El régimen que se iba implantando en el país, como una mancha de aceite, contó con algunas colaboraciones extraordinarias, como, por ejemplo, la Guardia Civil que, de forma mayoritaria, se unió al levantamiento, posicionada entre las fuerzas reaccionarias desde la idea de que la seguridad nacional no está al servicio de la ciudadanía, sino justamente en su contra. No es de extrañar esta postura, ya que este cuerpo nació justamente para defender las vías de comunicación en el campo y las propiedades rurales de los nuevos ricos que habían accedido a grandes propiedades gracias a las desamortizaciones. El objetivo para la Guardia Civil había sido hasta entonces, por tanto, neutralizar a jornaleros, cazadores furtivos y asaltantes hambrientos que, bien se resistían a las condiciones de esclavitud y a los sueldos de miseria que ofrecían los terratenientes o bien, se adentraban en sus fincas con la esperanza de encontrar algún sustento. Por tanto, este cuerpo significaba para el ejército sedicioso, una garantía de orden y control de la población, de ahí que un pequeño informe del comandante de puesto del pueblo donde ejercía el o la docente, fuese imprescindible en su expediente de depuración.
No obstante los apoyos anteriores, tal vez el más trascendente fue el que ofreció la Iglesia española desde el primer momento a los facciosos, ya que la IIª República se había atrevido a restarle los enormes privilegios que siempre ha gozado en este país. Así que, calificando la guerra como una cruzada, es decir, una guerra santa, la Iglesia jugó un papel crucial, no sólo durante el conflicto bélico sino, especialmente, durante la dictadura, ya que fue a la que se le entregó el conjunto de valores morales, éticos y ciudadanos, en contra de la incipiente democracia que había logrado poner en marcha la República. Entre otras cosas, se trataba de recluir a la mitad de la población, la femenina y someterla a una posición intrascendente, invisibilizarla de la sociedad y reducirla en las tareas domésticas y el duro trabajo en los campos, pero desde una posición en la que apenas se le reconocían derechos. Eso sí, se confiaba en ellas como guardianas y trasmisoras de los sacrosantos valores de la moral, la familia, la obediencia… Lógicamente, en ningún expediente de depuración falta un certificado acusador emitido por un párroco, ya que la autoridad eclesiástica estaba a la par de la política representada por el alcalde y a la de los cuerpos de seguridad, en este caso representados por la Guardia Civil.
Nada extraño, sin embargo, sí resulta, cuando menos curioso, que a esta triada se unieran los informes emitidos por una figura que se concretaba como “padre de familia”. ¿De dónde salía esta idea? La inclusión de este personaje puede responder a la noción de recabar una información de lo que ellos mismos definían como valores sociales, siendo este “padre”, persona que tuviera buena consideración entre el vecindario y que representara a ese modelo ideal de individuo conservador y de orden, religioso y patriota y, por supuesto, varón. Además, hay que tener como referente que el franquismo, una vez que creó las Cortes, el 17 de julio de 1942, como órgano representativo, más que nada de cara a la galería, puesto que no acogía voces discrepantes, adoptó lo que vinieron a llamar “democracia orgánica”. Es decir, quienes representaban a la nación eran los “órganos naturales”: la familia, el municipio y el sindicato. En un sistema en el que los partidos políticos estaban prohibidos, al igual que los sindicatos libres, el régimen se aseguraba, con esta sedicente imagen de participación, la presencia del municipio, a través de alcaldes elegidos por los gobernadores civiles, por tanto, todos pertenecientes a la Falange y, después, al Movimiento. De igual manera, los representantes sindicales pertenecían todos al sindicato vertical en el que debían integrarse, de forma obligatoria, trabajadores y empresarios, lo que, como es de suponer, eliminaba la lucha sindical. ¿Y qué pasaba con las personas? Pues, directamente, no estaban representadas en la institución que, teóricamente, era la que detentaba el poder de la nación. Para el franquismo, el individuo no tenía peso ni valor, salvo que formara parte de alguno de estos colectivos, acabando así, con la idea democrática de cada persona un voto. Por otro lado, en esta denominación de familias, obviamente, cualquier tipo de representatividad que las simbolizara recaía siempre en un hombre, jamás en una mujer, con lo que se quitaban de en medio al sector social que fue sistemáticamente despreciado, es decir, a las mujeres. Al igual que, bajo el concepto de familia quedaban también fuera de cualquier representatividad aquellas otras personas, solteras, viudas, etc. que no se correspondían con los deberes católicos y patriotas a los que toda persona de bien debía responder. Se daba también así respaldo a los planteamientos defendidos por la Iglesia que había visto con horror la aprobación de la Ley de Divorcio, en marzo de 1932 y que permitió regularizar la situación de miles de parejas y familias, acabando con conceptos arcaicos como la bastardía. Del mismo modo, con las actuaciones en materia de aborto, descriminalizadas por la ministra de Sanidad y Asistencia Social, Federica Montseny, aunque sólo fuese en una España legal libre de golpistas, ya que su puesta en marcha, prácticamente quedó reducida al territorio catalán. De esta manera, la familia volvía a ser el núcleo social, la persona perdía su identidad per se, salvo como miembro de alguno de los colectivos mencionados. De ahí que no consideremos que la figura del padre de familia en los expedientes de depuración de los docentes sea una casualidad; por contra, responde a esa idea de autoritas del patriarcado, esa imagen que tan bien se representó en los textos del Antiguo Testamento que memorizábamos en las escuelas franquistas, como eran los patriarcas bíblicos, los fundadores de las estirpes. Así que sometimiento, ejército, religión y machismo, algo por lo que bebe los vientos cualquier Estado autoritario que se precie de serlo.
