El pasado 17 de noviembre el periodista Dan Hancox publicó un reportaje en The Observer con el título The families of Franco’s victims still seeking justice 50 years after his death. A tres días de la conmemoración de la muerte del dictador, Hancox desplegó en el dominical un brillante análisis de la represión franquista, centrándose en especial en el papel jugado por la Casa de la Memoria y el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar en estos 20 años de insistente lucha en favor de nuestra memoria histórica y democrática.
Hoy queremos agradecerle públicamente el apoyo y acompañar la noticia con esta traducción de nuestra compañera Debbie Eade.
Las familias de las víctimas de Franco siguen buscando justicia 50 años después de su muerte.
Más de 114.000 civiles fueron asesinados y «arrojados al suelo como perros» durante la guerra civil española y en los años posteriores. Muchos siguen allí.
Si te paras en las murallas de la fortaleza árabe del siglo VIII de Jimena de la Frontera, en Cádiz, y entrecierras los ojos bajo el brumoso sol otoñal para mirar hacia el conjunto de casas de paredes blancas, podrás distinguir la bandera tricolor roja, amarilla y morada de la Segunda República Española (1931-1939) ondeando violentamente con la brisa. La bandera está colocada en un modesto edificio, la Casa de la Memoria La Sauceda, un oasis de recuerdo para las innumerables víctimas de la represión franquista, asesinadas durante la Guerra Civil Española y la dictadura que la siguió.
La Casa de la Memoria es un museo, un archivo de investigación, una biblioteca de préstamo, un espacio para eventos y el centro neurálgico de una organización gestionada por voluntarios que ha ayudado a liderar la lucha contra el olvido en España. Está abierta al público seis días a la semana, un día más que el ayuntamiento de Jimena, situado cuatro puertas más abajo, que ondea la bandera monárquica roja-amarilla-roja, más familiar en el país.
Teniendo en cuenta que las estimaciones conservadoras del Gobierno español calculan que al menos 114.000 civiles fueron asesinados y arrojados a fosas comunes sin identificar, cabría suponer que cada pequeño pueblo, como Jimena (6.800 habitantes), tendría un edificio similar. Sin embargo, la Casa de la Memoria, inaugurada en 2016, es prácticamente única en su género. Quizás lo más sorprendente es que la casa exista; solo lo hace gracias a los incansables esfuerzos de activistas locales, a legados y a donaciones de civiles.
Andalucía, una región históricamente desproporcionadamente rural, pobre y de izquierdas, fue la más afectada por la violencia franquista, tanto durante la guerra de 1936-39 como en el posterior reinado del «terror blanco»: las torturas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas tras la victoria de Franco. Las cifras oficiales registran al menos 45.566 víctimas en 708 fosas comunes solo en Andalucía. Apenas una décima parte de estos cuerpos han sido excavados, exhumados, identificados y enterrados de nuevo.
Esta semana se cumplen 50 años de la muerte de Franco. En este medio siglo, la clase política española ha tardado en abordar los horrores de su dictadura. De hecho, mientras los restos mortales de tantos de sus compatriotas yacían amontonados en fosas comunes, el cuerpo del dictador español permaneció expuesto en capilla ardiente fuera de Madrid, bajo la cruz más grande de Europa, hasta 2019, cuando finalmente fue trasladado, de forma un tanto torpemente, a un cementerio cercano.
Cuando visité el descaradamente totalitario Valle de los Caídos en 2018, los acólitos de Franco habían dejado flores frescas en la tumba del dictador. En su nuevo entierro, Ramón Tejero, hijo de Antonio Tejero, el oficial de la Guardia Civil que asaltó el Parlamento español en 1981 en un intento de golpe militar, ofició la misa.
«España tiene una gran cantidad de asuntos pendientes», dijo Andrés Rebolledo Barreno, director de la Casa de la Memoria de Jimena, cuando nos sentamos por primera vez alrededor de una mesa en enero para tomar café solo y tarta de almendras. Rebolledo, un hombre serio y discretamente apasionado, llevaba una sudadera azul con capucha y una pulsera con los mismos colores rojo, amarillo y morado de la bandera republicana. «Solo somos una casa, en un pueblo pequeño, pero es un pueblo emblemático; un pueblo donde la gente se resistió al golpe de Estado y donde, como consecuencia, ocurrieron cosas realmente terribles», me dijo. «Y [ahora] viene gente de toda España a visitarnos» —hizo una pausa— «para refrescar su memoria».
Los soldados de Franco lanzaron su golpe militar el 17 de julio de 1936 desde los enclaves españoles del norte de África y comenzaron a tomar las ciudades del sur una por una. El 28 de septiembre, tras una sangrienta batalla, Jimena fue capturada por soldados leales al golpe, falangistas y guardias civiles. Tres días después, Franco fue nombrado oficialmente jefe del Estado y del ejército por el bando nacionalista. Su estratega jefe, el general Emilio Mola, dejó muy clara su agenda: «eliminar sin escrúpulos ni vacilaciones a todos aquellos que no piensen como nosotros».
Una cosa importante que hay que entender sobre la guerra civil española es que ninguna de las dos partes la consideraba realmente como tal. Para los republicanos, se trataba de un golpe militar ilegal contra un gobierno elegido democráticamente. Para los franquistas, no era una guerra civil, porque la otra parte no era digna de formar parte de la civitas española. Se trataba de una cruzada santa, o una guerra de liberación, como se describió más tarde en las escuelas bajo el régimen de Franco: liberar a España de una conspiración de comunistas, anarquistas, ateos, masones, feministas, judíos, musulmanes, demócratas, liberales, homosexuales y extranjeros, y de su complot para socavar la grandeza intrínseca, histórica y cristiana de España.A los pocos días de tomar Jimena, los nacionalistas pusieron en práctica esta filosofía cruzada. Uno de los primeros en ser eliminado sin escrúpulos fue Sebastián Conde Godino, un chico de 15 años. La mejor suposición de los historiadores sobre sus supuestos crímenes es que estaba jugando con los muebles de la iglesia local después de que fuera saqueada.
El 6 de octubre de 1936, junto con otros tres hombres, Godino fue conducido a la fortaleza situada sobre la ciudad para ser ejecutado. Antes de llegar a la cima, en la gran entrada arqueada de la fortaleza, comenzó a llorar desesperadamente y a llamar a su madre. El adolescente cayó de rodillas, negándose a seguir adelante. Los franquistas lo fusilaron allí mismo.
«Una vez que conoces historias como esta», dijo Debbie Eade, ‘Jimenata’ de origen británica y voluntaria con la Casa de la Memoria, «es difícil pasar por ese arco sin pensar en el pobre niño suplicando por su madre». Los cuatro cadáveres fueron arrojados a una fosa común sin identificar en el cementerio situado en lo alto de la colina. Muchos otros «enemigos de España» fueron enterrados allí posteriormente, donde permanecieron durante más de 80 años.
Es una ciudad emblemática, donde la gente se resistió al golpe de Estado y donde ocurrieron cosas terribles.
Coordinada por la Casa de la Memoria, la excavación del yacimiento se llevó a cabo finalmente en 2020. Algunos de los voluntarios que ayudaron en el proceso de excavación, limpieza y catalogación de los huesos encontrados eran bisnietos de las víctimas. Se tomaron muestras de ADN de saliva de los descendientes y se enviaron a un laboratorio de Granada.
«Los habitantes del pueblo habían proporcionado muestras de ADN, pero, lamentablemente, no fue posible confirmar coincidencias», explicó Eade. «La gente había estado esperando y esperando con la esperanza de identificar las víctimas. Recibimos unas cajas con la inscripción «esqueleto número 1», «esqueleto número 2», etc., pero no podemos ponerles nombre». No obstante, se celebró una ceremonia funeraria adecuada y ahora hay un monumento dedicado a las 79 víctimas identificadas, asesinadas entre 1936 y 1947, en el centro del cementerio de la localidad.
La historia de Rebolledo es típica. Mientras crecía, anhelaba saber qué le había sucedido a su abuelo materno, de quien recibió su nombre; lo único que le habían dicho era que su abuelo había sido asesinado a tiros y había desaparecido. Se involucró en una de las campañas locales de memoria que surgieron tras la fundación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en 2000. «Estoy aquí haciendo esto por mi familia, por mi madre, lo cual es muy personal», dijo Rebolledo. «Pero también estamos aquí por todos; ciudadanos comunes que llenan un vacío dejado por las autoridades: atendiendo la necesidad humana y social de recuperar esos restos y de curar y sanar ese trauma colectivo y social. Si el trauma no se trata y se cura, persiste».
El archivo contiene alrededor de 7000 libros (a menudo raros o únicos), folletos, revistas antiguas, informes de investigación recientes y archivadores, incluyendo una importante sección en idiomas extranjeros. Del mismo modo, el sitio web de la Casa de la Memoria es un repositorio de información casi abrumador: fotografías, bases de datos, documentos, mapas interactivos, vídeos, podcasts, noticias e informes de charlas, presentaciones de libros y apariciones en los medios de comunicación, todo ello producido por un pequeño núcleo de voluntarios.
El ayuntamiento de Jimena está gobernado por Izquierda Unida, heredera del otrora poderoso Partido Comunista Español; cabría pensar que estaría deseoso de apoyar un proyecto tan singular y exitoso como la Casa de la Memoria, sobre todo porque atrae a visitantes que se quedan a comer en la localidad o incluso más tiempo. Pero el Estado y el movimiento ciudadano por la memoria histórica nunca han trabajado realmente en armonía. La Casa de la Memoria solo este año ha firmado finalmente un convenio de colaboración con el ayuntamiento, situado a unos diez pasos.
La violencia franquista no se limitó al pequeño pueblo de Jimena, y tampoco lo hace la investigación histórica de la Casa de la Memoria. De hecho, lleva el nombre de La Sauceda, un valle boscoso bordeado de alcornoques y lleno de grillos, a media hora en coche al norte de Jimena, en la parte más remota del parque natural de Los Alcornocales. Hoy en día, La Sauceda es un lugar bucólico, alejado de la civilización, ideal para el ecoturismo, salpicado de cabañas de piedra muy sencillas. Debido a su difícil acceso, ha sido históricamente un refugio para bandidos, contrabandistas y otros rebeldes. Durante la guerra civil, se convirtió en el último reducto de la región para los republicanos que huían del avance de las tropas rebeldes.
Dos burros blancos constituían la mayor parte del tráfico en las sinuosas carreteras de montaña que van de Jimena a La Sauceda. A la entrada, había un cartel del Gobierno regional andaluz que indicaba que La Sauceda es un «lugar de memoria histórica», pero la capa de plástico que contenía el texto explicativo ya se había desgastado y desgarrado, de modo que no quedaba ningún detalle de los horrores que allí ocurrieron.
Cuando las fuerzas de Franco llegaron a La Sauceda, había unos 800 civiles escondidos allí, entre ellos la madre de Rebolledo, entonces un bebé en brazos, y sus abuelos. La vida era muy básica, pero compartían sus recursos, como el ganado, un molino y un horno comunitarios, así como una capilla, una escuela y varias tiendas. Las tropas rebeldes atacaron La Sauceda el 31 de octubre de 1936 con fuerzas terrestres tras un bombardeo aéreo, masacrando a decenas de personas, saqueando y quemando las casas, violando a las mujeres y rapándoles las cabezas. «Para nosotros», dijo Rebolledo, «La Sauceda es como nuestro pequeño Guernica. Es un pueblo más pequeño que Guernica, pero la técnica fue la misma. Fue uno de los primeros bombardeos aéreos contra civiles en el siglo XX». Algunos lograron huir, y las tropas de Franco llevaron a todos los supervivientes que pudieron a una granja cercana llamada El Marrufo, que se convirtió en un campo de concentración. Esa fue la última vez que la madre de Rebolledo vio a su padre y a su tío. Oficialmente, simplemente habían desaparecido.
Los testimonios de los ancianos locales apuntaban a la existencia de fosas comunes en El Marrufo, y en 2010 un grupo de voluntarios comenzó a rastrear el lugar con detectores de metales en busca de balas. Un jimenato que solo tenía siete años cuando los franquistas sitiaron La Sauceda los llevó hasta un pequeño montón de piedras que marcaba una de las fosas. Bajo la dirección de varios antropólogos y arqueólogos, un grupo de voluntarios y familiares pasó cuatro meses excavando lo que podrían ser hasta siete fosas comunes en ese lugar.
«De los 28 cadáveres que pudimos recuperar», dijo Rebolledo, «siete eran mujeres, todas con signos de violencia, atadas con alambre y arrojadas al suelo como perros». Entre los cadáveres se encontraban el abuelo de Andrés, y Antonio, su tío abuelo. Además de numerosos casquillos de bala y el alambre utilizado para atar las manos de las víctimas antes de dispararles, encontraron pipas de tabaco, botones, un mechero, un espejo de bolsillo y un lápiz. Los últimos efectos personales de 28 vidas cuyas muertes pasaron desapercibidas, si no olvidadas, durante tres cuartos de siglo.
Una de las personas que se enteró de las excavaciones de El Marrufo fue el empresario Miguel Rodríguez, propietario de Festina, una marca multinacional de relojes; su abuelo había sido ejecutado allí por los franquistas, al igual que el de Rebolledo. Ayudó a financiar gran parte del resto del trabajo y fue uno de los varios donantes que contribuyeron a la creación de la Casa de la Memoria unos años más tarde. Tras ser cuidadosamente excavados, exhumados e identificados, los cuerpos recibieron un entierro digno. Es fácil pasar por alto el cementerio de La Sauceda si no se busca expresamente. Solo un cartel descolorido y una puerta de madera a la altura de la cintura, que conduce a un estrecho camino de grava que se adentra entre los árboles, indican que has llegado. Finalmente, entre los árboles aparece un pequeño recinto de paredes blancas y un mosaico de azulejos que dice: «Donde se segaron vidas y sueños, regresan la memoria y la justicia». En el nuevo «panteón de la dignidad», cada tumba tiene su propio nicho, incluido uno para cada una de las víctimas no identificadas, adornadas con flores secas y epitafios pintados a mano.
Cuando se inauguró el cementerio en diciembre de 2012, Rebolledo rindió homenaje a la tenacidad y dignidad de sus compañeros descendientes. «Seguiremos trabajando dentro de nuestras posibilidades para localizar las tumbas restantes», dijo ese día, «aunque creemos que esta tarea es responsabilidad de las autoridades, y es triste que sean las familias las que tengamos que hacerlo nosotros mismos».
Franco no murió en una cuneta, sino en su cama, como un vencedor. Su legado es que no se haría justicia.
En la actualidad existe una vía bastante estándar, acordada internacionalmente, para las sociedades que salen de un conflicto, que comienza con algún tipo de comisión de la verdad y la reconciliación. Rebolledo cree que los problemas que tiene ahora España radican en que el Estado no inició esta labor hace 50 años, en los años febriles y violentos que siguieron a la muerte de Franco: «Todo el trabajo que nosotros mismos comenzamos en la década de 2000 debería haberlo iniciado el Gobierno en los años 70 y 80», afirmó. «Localizar fosas, llevar a cabo exhumaciones, realizar pruebas de ADN, crear un banco de ADN, construir cementerios dignos, eliminar toda la simbología franquista: todas las calles, plazas, escudos y placas».
La ley de amnistía firmada en 1977 por todos los partidos principales, incluidos el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y los comunistas, fue, según muchos, una medida necesaria para garantizar la transición de España a la democracia. Rebolledo lo acepta, pero sigue indignado por la forma en que ha obstaculizado la justicia: «Franco no murió en una cuneta, sino en su cama, como un vencedor, y dejó tras de sí este legado: que no se hiciera justicia, que se firmara la ley de amnistía, que se perdonara a todo el mundo y que sus sucesores firmaran un pacto de silencio, de olvido». Tras determinar que no serían investigados ni castigados por ninguno de sus crímenes, los altos mandos franquistas de finales de la década de 1970 destruyeron discretamente sus propios archivos, un último acto de vandalismo contra la historia española y la humanidad implícito en el supuesto «pacto del olvido». Desde entonces, la respuesta habitual de la derecha española a los defensores de la memoria ha sido: «No remuevas el pasado». O: «No abras viejas heridas»
Desde la fundación de la ARMH en 2000, la cuestión de la memoria histórica ha sido ineludible para los políticos españoles. Dos presidentes del PSOE, de centroizquierda, han aprobado leyes de memoria histórica —José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y Pedro Sánchez en 2022— que exigen el cambio de nombre de las calles franquistas y la retirada de los monumentos, modificaciones en el plan de estudios de historia de la escuela, etc. Pero cuando Mariano Rajoy fue elegido presidente del conservador Partido Popular (PP) en 2011, anunció rápidamente que «ni un solo euro» se gastaría en excavar fosas comunes, sino que, según explicó, España debía olvidar el pasado y «mirar hacia el futuro». (Dos años más tarde, Rajoy consiguió mirar atrás el tiempo suficiente para reunir 280,000 euros de fondos públicos para restaurar el mausoleo de Franco). Cuando el PP ganó unas elecciones históricas y sin precedentes en la tradicionalmente «roja» Andalucía en 2018, también congeló los trabajos de excavación que se estaban llevando a cabo, tras la presión de su socio de coalición de extrema derecha, Vox, negándose a gastar el dinero asignado por Madrid para este fin.
Los defensores de la memoria suelen señalar que estas excavaciones no deben considerarse yacimientos arqueológicos, sino escenas del crimen. Sin embargo, sin modificaciones a la ley de amnistía de 1977, los enjuiciamientos no son ni siquiera teóricamente posibles, ya que esta ley consagraba la equivalencia entre las personas que torturaban y cometían ejecuciones extrajudiciales y las que eran torturadas y asesinadas. Solo en Andalucía hubo más de 45,000 desaparecidos forzosos y, sin embargo, en lo que respecta al Estado, nadie los obligó a desaparecer.
La ley de memoria democrática de Sánchez de 2022 supuso algunos avances útiles, pero es bastante ineficaz; es revelador que en su texto se utilice la palabra «víctima» 1442 veces, pero «perpetrador» ni una sola. Aun así, fue inmediatamente impugnada a nivel regional. Los partidos de derecha de Valencia, Aragón y Castilla y León han presentado o aprobado supuestas «leyes de concordia», que revierten la legislación del PSOE.
Y el drama y las distracciones se han extendido desde el ámbito político hasta la cultura pop. El verano pasado, el cómico Quequé (Héctor de Miguel) bromeó en su programa de radio diciendo que el Valle de los Caídos debería ser volado por los aires y que los pedazos se utilizaran para «lapidar a los curas pedófilos», por lo que fue llevado a los tribunales por una organización llamada Abogados Cristianos por haber cometido un «delito de odio». El caso fue desestimado en mayo.
La política parece obstaculizar la memoria a cada paso. A unos 200 kilómetros al norte de Jimena se encuentra la capital andaluza, Sevilla, sede tanto del gobierno regional como de Pico Reja, la mayor fosa común de Europa occidental, que contiene los restos de 1786 personas. Su excavación se completó en 2023. Cuando la visité en enero, caminé hasta la poco frecuentada esquina trasera del vasto cementerio de San Fernando, en Sevilla, a 20 minutos a pie de la puerta principal. Allí encontré el monumento conmemorativo recientemente erigido hundiéndose en la arena. Un trozo de cinta de seguridad roja ondeaba inútilmente al viento. Busqué en mi teléfono para averiguar qué había pasado y encontré un artículo de prensa regional sobre la disputa entre el PP y el PSOE locales sobre quién era el culpable.
No obstante, Sánchez ha declarado 2025 como el año conmemorativo de los «50 años de libertad», como forma de celebrar el aniversario de la muerte de Franco, sin nombrarlo, y el presidente finalmente está presionando a los gobiernos regionales para que comiencen a excavar y se ocupen de la gran mayoría de los sitios que aún permanecen intactos. Pero las excavaciones, las exhumaciones y las pruebas de ADN son costosas y requieren un alto nivel de apoyo técnico especializado.
«Uno de los problemas a la hora de identificar los cadáveres cuando ha pasado tanto tiempo es que los restos óseos se deterioran», afirma Juanma Pizarro, archivero de la Casa de la Memoria, mientras hojea las últimas adquisiciones con guantes sin dedos, entre las que se encuentra una carpeta de la época de Franco con la etiqueta «Registro de personas peligrosas». Además, la identificación se está volviendo más difícil, ya que hay menos familiares directos que puedan proporcionar muestras de ADN. Por otra parte, que una democracia europea del siglo XXI deje en manos de ciudadanos de a pie la organización de una excavación arqueológica a gran escala para intentar recuperar los restos de sus abuelos asesinados es tan ridículo como parece.
«En ningún momento», continuó Pizarro, «el Gobierno ha dicho: «Vamos a elaborar un plan nacional de exhumación». Lo que estamos haciendo aquí en la Casa, a pequeña escala, pero con un enorme esfuerzo, lo puede hacer perfectamente un Estado-nación». (Ante la falta de acción por parte del Estado, Jimena se ha convertido en un ejemplo para otros. A finales del año pasado, otro pequeño pueblo andaluz, Alcalá del Valle, con una población de 5000 habitantes, inauguró su propia Casa de la Memoria).
El tiempo corre. «Hay muchos casos de personas en toda España que sabían dónde estaban los restos de sus familiares, pero no han podido encontrarlos porque no han tenido ningún apoyo institucional», dijo Rebolledo. «Estas personas han fallecido, han dejado este mundo sin saber y sin recuperar los restos de su padre o su madre. No podemos permitir que eso siga ocurriendo».
Al salir de La Sauceda, caminando por senderos de barro seco al sol y piedras pequeñas, nos cruzamos con un grupo de chicos de unos veinte años con tatuajes y ropa de montaña de estilo hipster. Nos saludaron con el habitual saludo alegre de los excursionistas y, entonces, uno de ellos se detuvo. El joven se llamaba José Antonio y estaba realizando un proyecto universitario sobre las fosas comunes; había reconocido a Rebolledo en un documental de la televisión local.
«Vengo aquí desde que era muy joven, solo por diversión», explicó, «pero luego, cuando descubres todo lo demás sobre la historia, todo lo que pasó aquí…», abrió mucho los ojos e hizo un gesto con ambos brazos, imitando la explosión de una bomba. Rebolledo asintió con la cabeza. José Antonio le dio las gracias con reverencia y continuamos bajando por el sendero.
«Me preguntaste antes: ¿hay motivos para la esperanza?», dijo Rebolledo, señalando hacia la colina. «Bueno, en todo el país hay muchos estudiantes como ese, que están escribiendo su proyecto final sobre la memoria histórica, tratando de descubrir la verdad de lo que ocurrió en sus pueblos; estudiantes de historia, de periodismo, de sociología, de antropología. Hay muchos jóvenes sensibles que quieren aprender sobre todo esto. Esa es la razón para tener esperanza».