El caso de la maestra Mª Dolores Mazorra Moreno nos llama la atención porque, una vez que en la Comisión Depuradora Provincial D, elevan los cargos que contra ella se han recogido de los informantes, no sigue el procedimiento de basar sus descargos en elementos, más o menos significativos del clero, miembros de la Falange o cualquier otro personaje destacado, como aval para contrarrestar las acusaciones, algo que era lo habitual entre el colectivo de enseñantes.
Por el escalafón de maestras de 1933 sabemos que había nacido el 20 de diciembre de 1895 en Cádiz y que, si unimos los años de interinidad, más los que llevaba en la categoría y en los que había tenido la plaza en propiedad, suman cerca de 20 años de servicio. Su destino era Chiclana de la Frontera.
Su escueta carpeta, custodiada en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, en la caja nº 32-13177, expediente nº 512-35, apenas cuenta con 13 documentos, aunque sí bastante significativos.

1.- Los informes
El secretario de la Comisión Provincial Depuradora, Juan Reina Castrillón, recoge en un acta del 18 de mayo de 1937 lo esencial de los informes que han sido enviados desde Chiclana por quienes tienen la responsabilidad de remitirlos.
Desde la Alcaldía se comenta que la maestra “está conceptuada como de izquierdas”, añadiendo que “en momentos electorales no se limitaba a emitir el voto, sino que hacía trabajos en este orden a favor de su ideario”, sin que se especifique en qué consistían esos trabajos. Finalmente, expresa que “no pertenecía al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza”.
Por su parte, el cura párroco de S. Juan Bautista, reitera la conceptualización de izquierdista, “si bien, no puedo afirmar que hiciese propaganda política en el colegio”. No obstante, “me aseguran personas fidedignas que en las elecciones del 16 de febrero llegó a cambiar a gente sencilla e ignorante candidaturas de derecha por las del Frente Popular”.
Esta última acusación, de oídas, como buena parte de las que se vierten sobre las y los docentes, también nos confirma cómo las responsabilidades de los informantes tampoco estaban definidas o relacionadas con su posición y su papel en la sociedad. Con frecuencia, los sacerdotes aportaban datos sobre actividades políticas, los padres opinaban sobre las vidas privadas de maestras y maestros, la Guardia Civil hablaba de metodología y didáctica y todo así, un batiburrillo en el que se incluían murmuraciones, cotilleos y supuestos hechos sin aportar ningún tipo de prueba.
El padre de familia se reitera en los rumores, para decir que “en el dictado le dictaba asuntos que trataban en contra de la Religión Católica”. Como también es habitual, comprobamos que la solvencia en la expresión escrita no era frecuente entre este selecto grupo de hombres de bien, supuestamente cualificados para valorar al profesorado.
En un documento aparte del acta y fechado el 24 de febrero de 1937, seguramente las fechas en que se enviaron los anteriores informes -aunque no se analizaron hasta pasada la mitad del mes de mayo- el comandante de puesto de la Guardia Civil en Chiclana, Juan Casillas Aguilera (1), sigue el formato oficial de informe “a tenor de los conceptos que previene el artículo 2º de la Orden de la Junta Técnica del Estado de 10 de noviembre último (1936)” (2). Parece razonable que el que tiene que vigilar por que la supuesta ley se cumpla, se ciña al modelo que quienes están normalizando aplican en los territorios bajo su control.
Para Juan Casillas, respecto a su conducta profesional, la maestra “ha demostrado gran competencia en su profesión y con un concepto quizá excesivamente riguroso del cumplimiento de su deber o porque sean así sus ideales o por ambas cosas, puso en práctica la labor docente que aconsejaban o disponían los superiores jerárquicos, como consecuencia de las tendencias del Frente Popular (3), labor que, no hay duda, era perturbadora de las conciencias, tanto en el aspecto patriótico, como en el moral o religioso”. Es decir, que Dolores Mazorra –competente, pero perturbadora–, en buena medida, actuó conforme a las leyes en vigor.
También aporta información sobre la conducta social, indicando que “no ha resultado completamente satisfactoria pues ha permanecido alejada de las clases sociales que gozan de buena opinión por su honradez y por ser elementos de orden y de costumbres patrióticas, sanas y religiosas, y aunque no se le conocen contactos con elementos sospechosos, el solo alejamiento de aquéllas, es indicio elocuente de su manera de pensar”.
Generalmente resulta innecesario comentar lo que los informes dicen por lo insólito de sus expresiones. En esta ocasión, es evidente que resulta insatisfactorio y hasta punitivo, el hecho de que una maestra, como Dolores, no tuviera amistad con los sectores conservadores del pueblo, incluso aunque no se le conocieran con los de la ideología contraria. También veremos que esta maestra estaba todo el tiempo trabajando, por lo que tenía poco tiempo libre.
Por lo que respecta a su conducta particular, el guardia civil expone que “ha sido buena, sin costumbres perniciosas y adornada de moralidad”. No así, opina sobre las actuaciones políticas, porque, aparte de reiterar el calificativo de izquierdista, dice que “en las últimas elecciones hizo alguna propaganda en tal sentido”.
Como hemos visto, han emitido sus juicios los 4 representantes que para el régimen golpista tenían esa facultad, sin embargo, existe también un anexo, en el que, sin que se especifique la fuente, se agregan los siguientes comentarios:
“Temperamento exaltado sujeto a radicales cambios sin justificación probada; en otra época exageradamente religiosa haciendo quizá que pueda aparecer como irreligiosidad lo que sólo es una atenuación de su fervor anterior”. Aunque se hacen cargos como el de intervenir activamente en las elecciones no se acompañan pruebas y en cambio “presenta testimonios de haberse encargado de la educación de niños pertenecientes a familias prestigiosas de Chiclana, pero como su actuación es semejante a la del Maestro anterior se propone también su traslado”. Este documento lleva la misma fecha del 18 de mayo de 1937, que el primero que hemos comentado.
Esto es muy sorprendente, puesto que el certificado del comandante de puesto está fechado en febrero y, además, a pesar de lo farrogoso de la expresión de este último informe, da claramente a entender que Dolores ya ha aportado documentación que apunta a ese trabajo con niñas de “familias prestigiosas”, que irían a sostener su defensa. Concretamente, existen dos certificados firmados por padres y madres que Mª Dolores utilizará en su descargo. Lo curioso, no obstante, es que las fechas, por su disparidad, no parecen adaptarse completamente al proceso de depuración de la maestra.

Segundo documento con otro informe sobre la conducta de la maestra.
Segundo documento con otro informe sobre la conducta de la maestra.

 

2.- Los cargos
En virtud de los informes emitidos desde Chiclana, en un documento sin fecha, firmado sólo por el presidente, Agustín Lahuerta, puesto que no es un acta en sí, encabezado por COMISIÓN D/ DEPURADORA DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES, que era como se denominaba durante el periodo republicano el Ministerio de Educación, a Mª Dolores Mazorra se le establecen los siguientes cargos:

  • Conducta profesional ajustada a las tendencias del Frente Popular.
  • Alejamiento del trato de personas de orden y patriotas.
  • Propagandista de izquierda en las elecciones últimas.
  • Conducta religiosa poco regular.

Y, a continuación, arguyen que “con arreglo al artículo 3ª de la Orden de 10 de noviembre” de 1936, BOE nº 27 (4), dispondrá de 10 días en los que puede presentar descargos.

3.- Los descargos
Como decíamos al principio, esta maestra representa la adopción de una estrategia diferente a la hora de presentar testimonios y avales para contrarrestar los argumentos desfavorables emitidos por las personas y las fuerzas en las que la depuración se ha apoyado para eliminar de las aulas a todas las enseñantes que no agradan al nuevo orden.
Echamos en falta el escrito de la propia maestra que, seguramente se ha extraviado y no aparece en el expediente, ya que éste suele ser imprescindible para solicitar que su caso se revise. Pero, lo más sorprendente es que Dolores va a emplear en su defensa sólo argumentos de índole académico y pedagógico. Ningún sacerdote o miembro del clero va a asegurar su piedad o religiosidad, ningún profesional liberal de prestigio va a hablar bien de su conducta social, ninguna figura política emergente o reconocida en el ámbito local o provincial va a alabar, desde el desconocimiento profesional, su valía y su moralidad.
Otra cuestión, igualmente curiosa, son las fechas de los documentos que aporta, puesto que, por ejemplo, un escrito de sus compañeras y compañeros, mediante el que solicitan al alcalde que interceda por ella, está fechado el 14 de septiembre de 1936. Con idéntica fecha, entrega como prueba nº 3, otro escrito, de igual modo, también dirigido al alcalde, firmado por 18 padres y madres de sus alumnas. En ambos documentos, los firmantes se ratifican en que jamás ha impartido enseñanzas contra la religión o contra la patria.
Los compañeros y compañeras (Serafina Andrade Martos, Mª Amalia Correa García, José de la Vega Barrios, Leandro Fernández de Castro Doblado, Mª Dolores Olivero Quero y Mª del Carmen Sodofeito Pérez), informan al alcalde (5) para que tenga “conocimiento de la situación por la que atraviesa (…), maestra competentísima y trabajadora, buena compañera, madre de familia numerosa, sin el estigma (…) de estar afiliada a partido político (…) rogamos con el mayor interés si fuera necesario, para que poniendo V.S. su valiosa influencia al servicio de esta causa, interceda (…) y que esta maestra pueda seguir atendiendo el sagrado deber de sustentar a sus hijos”.
El nutrido grupo de madres y padres (6) se dirigen, igualmente, al alcalde, para declarar que “las enseñanzas dadas por dicha maestra han sido morales, sanas, buenas y sin hacer propaganda política. Como así nos consta, queremos manifestarlo cumpliendo con ello un deber de gratitud y justicia”.
La pregunta es por qué está Mª Dolores recabando ya estas certificaciones y estos apoyos, a los pocos días de empezar el curso escolar 36/37, cuando ni siquiera se había aprobado el consabido Decreto 66, firmado por Franco en Salamanca y aparecido en el Boletín Oficial del Estado el 11 de noviembre de 1936 y, por tanto, aún no se había conformado la Comisión Provincial Depuradora.
Ciertamente, a raíz de la Orden del 19 de agosto de 1936, ya se había instado a los alcaldes para que, desde los primeros días de septiembre, enviaran el listado de docentes disponibles. Algo que se completó en los días siguientes, con un pequeño informe, en el que, junto a cada docente, se incluía un breve comentario respecto a si había sido destacado militante del Frente Popular o izquierdista declarado. Sin embargo, la rapidez en conocer la situación de Mª Dolores, incluso los posibles cargos de los que se le acusa, puesto que ambos documentos parecen responder a ellos, resulta inhabitual. Supuestamente, hasta que los informantes trasladen los cargos, éstos sean vistos en la Comisión y desde ella se eleve la propuesta de sanción, los detalles no debían ser públicos ni conocidos. Por otro lado, si ha sido el alcalde de Chiclana, al ser la alcaldía el punto de contacto con la Comisión Depuradora Provincial, el que ha dado a conocer los cargos y ha tomado la iniciativa de depurarla sin más averiguaciones -algo para lo que no estaba autorizado- que estos dos colectivos, los compañeros y las familias, se dirijan precisamente a él para solicitarle intermediación, también resulta incongruente.
Pero, centrándonos en los descargos, el principal testimonio –ella lo señala con el número 1– que adjunta es el de Eduardo Monzón (7), delegado del Auditor de la División de Sumarísimos de Algeciras, que redacta su escrito en la propia Algeciras, el 18 de marzo de 1937. Se trataba de una persona de mucho prestigio en la zona, sin embargo, habla como padre, no como autoridad del mundo de la judicatura.

Escrito de Eduardo Monzón, padre de una alumna.
Escrito de Eduardo Monzón, padre de una alumna.

 

Como hemos mencionado, se centra en valorar “su labor docente cerca de mi hija Anita durante el tiempo que le dio en casa clases vespertinas de preparación para el ingreso en el Instituto”. Califica el trabajo de Mª Dolores como “inmejorable” y responde a la acusación que sobre su método se encuentra en el acta, en los siguientes términos: “si su labor hubiera sido funesta, extraviada o partidista, la preparación hubiera cesado, debido a nuestro criterio cerrado en materia religiosa y de formación moral. La niña, al igual que sus dos hermanas menores, asistían al colegio de las Hermanas de la Caridad y Dolores”, por lo que considera que la labor de la maestra era complementaria, sin entrar en conflicto con la formación que ofrecían las monjas.
Francisca Román Virués, que fue alumna de Mª Dolores y que, gracias a que ella la propuso al ayuntamiento, ocupaba un puesto de maestra auxiliar, aporta otro dato para el descuadre, al decir que “la escuela estuvo regida por Mazorra hasta el 31 de octubre de 1936”, es decir, mes y medio después de los dos documentos mencionados del 14 de septiembre. “Nunca he oído explicar a dicha señora doctrinas ni contra la Religión, ni contra la Patria, ni hizo propaganda de ninguna clase ni en la escuela, ni fuera de ella”.
Otro grupo de madres y padres, esta vez más reducido y aclarando que escriben a petición de la interesada, se manifiestan también a favor de la maestra: “(…) durante la preparación de nuestros hijos de Ingreso para la 2ª enseñanza realizada por doña Mª Dolores Mazorra Moreno no recibieron ni una sola explicación contra la Religión ni contra la Patria, ni hizo entre ellos ni nosotros la más mínima propaganda partidista. Y como es de justicia, H. Bita, Dolores Alcón de Bita, Felisa Martínez, viuda de Arbolí, Mª del Carmen Quecuty, viuda de Quecuty y Josefa Chacón de Fernández, firman el 17 de marzo de 1937.
Casi con toda seguridad este debe ser el grupo al que se menciona en el segundo documento donde se recoge otro comentario refiriendo a estas “familias prestigiosas de Chiclana”. De hecho, las maneras de presentarse estas madres como “señoras de” y el apellido del esposo, apunta a un grupo social en el que se ha adoptado esta fórmula empleada, fundamentalmente, en contextos conservadores o de clase alta. Durante el Franquismo fue abrazada con entusiasmo entre quienes querían darse el lustre de una tradicional forma de distinción.
Sin embargo, tampoco deja de sorprendernos los dos últimos documentos que Mazorra aporta en su defensa, fechados con dos días de diferencia, a finales de noviembre de 1934. Por un lado, es un certificado de Juan Alcánta Galván, alcalde-presidente del excmo. ayuntamiento de Chiclana, quien certifica que la maestra “ha observado una conducta ejemplar (…) que data del 28 de julio de 1927”, imaginamos que la fecha en la que Mª Dolores se incorporó al destino chiclanero. Se reitera en que merece “el beneplácito y su reconocida competencia preparando alumnas para Ingreso”. Y, por el otro, el que tal vez sea la mayor prueba del éxito de sus enseñanzas, ya que lo firma nada menos que Teresa Izquierdo e Izcue, inspectora de Primera Enseñanza de Cádiz quien, dos años más tarde, formará parte de la Comisión Depuradora Provincial y que se encontrará depurando a una profesional a la que ella misma reconoce la excelencia. Esto es lo que dice. “Certifico que merced al arduo y pedagógico trabajo (…) han ingresado en el Instituto de Segunda Enseñanza, en el año 1933, las alumnas de su escuela: Francisca Román Viruel, Catalina Saucedo Aragón, María Leal Verdugo, Antonia Aragón Parra, Carmen Chozas Galindo, María Reinero Galante y Carmen Gómez Vela”. Por los apellidos, podemos ver que son hijas de esas familias que firmaron en septiembre de 1936.

Certificado de la inspectora Teresa Izquierdo Izcue.
Certificado de la inspectora Teresa Izquierdo Izcue.

 

 

No podemos dejar de preguntarnos qué objetivo perseguía la maestra al reclamar y atesorar estos certificados en 1934. Tal vez, mujer previsora esperando tiempos peores, o quizá, engrosando currículo con la vista puesta en algún tipo de ascenso o mejora laboral o, quién sabe si era una manera de dejar constancia del progreso que las niñas, bajo su enseñanza, estaban alcanzado.
Ante tantas fechas sin cuadrar, nos hemos puesto en contacto con el Archivo Municipal de Chiclana, donde hemos podido comprobar que, en las actas capitulares del ayuntamiento, existen documentos que corroboran el excepcional trabajo llevado a cabo por la maestra.
Así, en la sesión ordinaria celebrada el 27 de abril de 1933 -es decir, un año y medio antes de que la inspectora emitiera el certificado- en el punto 8º del orden del día, “fue presentado un dictamen de la Comisión Municipal de Hacienda, relativo al escrito presentado por la maestra nacional doña Mª Dolores Mazorra Moreno, solicitando que por el ayuntamiento se sufraguen los gastos de documentación, matrículas y viajes de 9 niñas pobres de esta localidad para asistir al examen de Ingreso en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cádiz”.
No fue sencilla la aprobación en el Pleno, puesto que hubo debate, especialmente, por excluir a 3 de las 9 alumnas para las que Mª Dolores solicitaba la ayuda, bajo el criterio de que no eran pobres. Algunos concejales opinaban que “por cosa tan insignificante, debe hacerse extensivo” a todas, mientras que otros sostenían que no se podía confundir “beneficio con regalo”. Finalmente, se aprueba concederles la ayuda a todas con 7 votos a favor, 3 en contra y un voto en blanco.
Antes de concluir la sesión, “la Presidencia pide un voto de gracia para la sra. directora que ha demostrado de una manera concreta su afán por la enseñanza y, por tanto, al cumplimiento de su obligación”.
Comparando el listado de becadas y el certificado de la inspectora, podemos comprobar cómo de las 9 niñas que se presentan en Cádiz a los exámenes de Ingreso, aprueban 7, ya que son las que aparecen en ambos documentos. Una de ellas es, precisamente, Francisca Román Virués, que también aparece en el acta de la sesión ordinaria del 14 de diciembre de 1935, bajo la presidencia del señor alcalde Miguel Alcántara Mazorro. En el acta de ese día, se da cuenta de que Mª Dolores Mazorra “solicita la designación por parte del Ayto. de una señorita ayudante que le preste colaboración en la labor de la escuela, cuya matrícula asciende al número de 78 y la lista de aspirantes a Ingreso alcanza ya una cifra importante. Funda su petición en que siendo ésta la única escuela que de este orden existe para el barrio de La Banda, la afluencia de alumnas supera el esfuerzo que ella puede aportar”. Y, aunque no se toma una determinación en ese momento, sabemos que se aprobó la solicitud de Mº Dolores. Conviene recordar que estas escuelas admitían a alumnado de todas las edades, que no eran graduadas, por lo que había niñas que aún no sabían leer ni escribir, mientras que otras estaban ya preparándose para la segunda enseñanza. La maestra tenía que multiplicarse para atender a todas y a tantos niveles.

4.- La sanción
En el escueto formulario que emplean en la Comisión de Cultura y Enseñanza, relleno con una letra descuidada y firmado por Mariano Puigdollers y Enrique Suñer, se comprueba la sanción que se le ha impuesto:

  • Suspensión por tres meses de empleo y sueldo
  • Traslado
  • Inhabilitación para cargos directivos
Documento donde se recoge la sanción que se le impone a Mª Dolores Mazorra.
Documento donde se recoge la sanción que se le impone a Mª Dolores Mazorra.

 

La fecha, el 14 de octubre de 1937, nos ha llevado a un proceso que ha durado 13 meses. Más rápida fue la aparición en el BOE nº 363, publicado en Burgos, sólo 4 días después, el 18 de octubre. En este texto que ya es ley, se profundiza en las sanciones: “(…) he resuelto que sean baja definitiva en las escuelas y los puestos que desempeñan, quedan suspendidos de empleo y sueldo durante tres meses, a partir de esta fecha inhabilitados para ejercer cargos directivos y de confianza (…) debiendo ser nombrados para la escuela que les corresponda en la misma provincia, con arreglo a la Orden de 30 de agosto último”. Firmado, el vicepresidente, Enrique Suñer.
Es el mismo BOE en el que un nutrido grupo de docentes de la provincia correrán igual o peor suerte, ya que muchos de ellos y ellas fueron separados definitivamente de sus puestos y dados de baja en el escalafón.
Tal vez, la maestra, pensó que aquello iba de demostrar su valía y que a ella le avalaban tres décadas de un trabajo reconocido y por eso basó su defensa en demostrar la verdad y no los testimonios fingidos de personajes oscuros que medraban en el infierno que ellos mismo habían creado y que, desde luego, nada sabían de enseñanza ni de ella misma. Apostó por la luz que siempre alumbra a la escuela, por esa energía que se crea entre una maestra que enseña y unas alumnas que aprenden, pero nada de eso tenía valor en aquel triste 1937, cuando, en la zona donde no había guerra, se desarrollaban otros conflictos, se empuñaban otras armas, quizá no siempre fáciles de identificar a simple vista. Para el nuevo orden, siempre sobraron millones de personas como ella.

 

5.- La reposición
Varios son los documentos en los que hemos podido seguirle la pista a Mª Dolores, entre ellos, el BOE nº 172 de 21 de junio de 1942 en el que se recoge una Orden del día 13 por la que se aplican las nuevas plantillas del personal del Magisterio Nacional Primario, en su 5ª categoría. No obstante, no será hasta tres años más tarde cuando, como se recoge en el BOE nº 121, de 1 de mayo de 1945, se ejecute el reconocimiento de dicha categoría, que era algo asimilable a nuestros actuales trienios. Es decir, un aumento del salario, fundamentalmente, en base a la antigüedad.
En ambos nos encontramos a la maestra identificada con el número 87, 4690, con destino en Cádiz y ascendida a la quinta categoría, con un sueldo anual de 8.400 pesetas. Por tanto, se corrobora que debió abandonar Chiclana, puesto que el traslado se hizo efectivo y fue apartada de la localidad de la que recibió el apoyo de las familias por su impecable trabajo.

Reconocimiento de la 5ª categoría
Reconocimiento de la 5ª categoría

 

Otro documento oficial es el escalafón de 1946, en el que ya sí dispone de la categoría mencionada y donde sigue estando destinada en Cádiz.
Mª Dolores impartía clases en su escuela y, además de las clases habituales de lectura, escritura, cálculo, geografía, historia, etc., también preparaba a las niñas del pueblo en horario lectivo para su ingreso en el bachillerato. De igual modo, fuera del horario escolar, preparaba a niñas de familias bien de Chiclana que le confiaban la formación de sus hijas, a pesar de tenerlas en centros privados religiosos. No podemos menos que comprobar una dinámica educativa de mejora de las condiciones y las expectativas de las niñas que, generalmente doblaban las cifras de analfabetismo respecto a los niños. Nos encontramos con familias que no se conforman con sacarlas del desconocimiento, sino que las enfocan hacia seguir los estudios, hacia profundizar en su educación, hacia labrarles un futuro en el que quizá, incluso puedan defenderse por sí mismas mediante el ejercicio de alguna profesión. Este espíritu de superación y de igualdad nos habla claramente de cómo las ideas que defendieron las políticas republicanas han germinado, a pesar de los nuevos malos tiempos que les esperan, sobre todo a ellas.
Precisamente, la incorporación de las mujeres a la vida civil y a la sociedad del país fue otro de los pilares del periodo republicano. La igualdad reconocida en la Constitución, el derecho al sufragio, el acceso a la universidad, la independencia económica, el abandono de la tutela de padres, maridos, hijos, etc. significaron un importante avance social y un gran paso en el camino para la progresiva equiparación entre hombres y mujeres. Encontramos en Mª Dolores a una firme defensora de los derechos de las niñas, algo que, por otro lado, también lo vive desde el compromiso, puesto que pelea para que sean los poderes públicos los que garanticen dicho derecho, de ahí sus demandas al ayuntamiento, solicitando que cumplan con el deber de proteger a las que tienen menos medios. Mª Dolores era una maestra militante.
A través de su expediente de depuración, nos encontramos ante un ramillete de jóvenes –en mayor número y promociones que las que aparecen en estos documentos, puesto que entre las nuevas bachilleras no aparece, por ejemplo, Anita Monzón, porque quizá fue de otro año– que se preparan para el futuro y a unas familias comprometidas y orgullosas de sus logros. Seguramente pertenezcan todas a entornos de clase baja-media que quizá se sustentan sin pasar hambre. No deben ser hijas de jornaleros que no comen el día que el padre no ha podido faenar, sino quizá ese otro sector social que, desde posiciones, tal vez más cómodas en lo económico y más moderadas en lo político, apoyó los cambios que la IIª República quiso poner en marcha y que fueron recogidos en la Constitución del 31. Ese grupo en el que, junto a trabajadores, también se integraron algunos propietarios, personas del mundo de las profesiones liberales, pequeños empresarios…
Estamos ante un ejemplo de esa otra España que igual no sufrió una represión desmedida, pero sí una irreparable pérdida en la confianza y en el porvenir. Una renuncia a unas esperanzas que se vieron frustradas por el golpe, la guerra y la dictadura. Y, por cierto, el trabajo de Mª Dolores sí que obtuvo un espectacular efecto llamada, de tal manera que, especialmente las niñas sin demasiados recursos, acudieron en masa a su escuela –¡78!– y todas las que podían, querían continuar con su formación.
Gracias también al padrón municipal, facilitado por el Archivo Municipal de Chiclana, hemos conocido algunos datos personales y familiares de Mª Dolores Mazorra Moreno. En este documento se informa que nació en Cádiz, da otra fecha para su nacimiento –18/10/1896–, que estaba casada con Antonio García Trujillo, natural de Málaga, donde había nacido el 21 de enero de 1896 y de profesión montador. El matrimonio tenía, en el censo de 1935, tres hijos: José Antonio García Mazorra, nacido en Cádiz el 18 de junio de 1927 –justo antes de que su madre se incorporara al destino chiclanero– y un chico y una chica mellizos, nacidos ya en Chiclana, el 21 de octubre de 1928, llamados Juan Miguel y María Teresa. En el domicilio familiar, situado en el Paseo de la República –actualmente Alameda del Río– nº 8, integraban también, en calidad de sirvienta, a Luisa Torres Gutiérrez, nacida el 13 de diciembre de 1912. Gracias a los registros de Cemabasa (8), sabemos que Antonio falleció el 23 de febrero de 1957 y que Mª Dolores vivió hasta el 14 de abril de 1982, estando ambos enterrados en el cementerio de Puerto Real.
Las vidas y las vicisitudes de las maestras y los maestros, enfrentados al incalificable proceso depurador, acusados de delitos inventados, basados en rumores, sin base jurídica, sin ninguna tipificación en ningún código penal, nos ofrece también una amplia panorámica de la totalidad de la sociedad de aquellos momentos. En los detalles de sus devenires, están escritas las páginas verdaderas de lo que aconteció y nosotros nos sentimos en posesión de un privilegio al poder desentrañar lo que no está en las letras que llenan los papeles de sus expedientes. Nos gusta pensar que, de alguna manera, aunque no les sirva a sus protagonistas, rescatándoles del olvido, aprendiendo de sus ejemplos, les hacemos justicia.

 

6.- Fuentes y bibliografía

Fuentes archivísticas:

  • Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares (Madrid), caja nº 32-13177, expediente nº 512-35.
  • Archivo Municipal de Chiclana de la Frontera, Actas capitulares de 1933. Signatura 60; Actas capitulares de 1934, 1935 y 1936. Signatura 66.
  • Padrón Municipal de 1935.

Fuentes hemerográficas:

Bibliografía:

 

Notas

1.- En 1932, Juan Casillas estaba destinado en Algeciras y todo apunta a que es hermano del también guardia civil, Manuel Casillas Aguilera, que sufrió 4 meses de cárcel, ya que se enfrentó al comandante de puesto de Ubrique, Marcelino Ceballos, que se mantuvo fiel al gobierno (Sígler, 2004).

2.- “Las Comisiones podrán reclamar de cuantas Autoridades, Centros y personas lo estimen conveniente, cuantos informes crean necesarios sobre la conducta profesional, social y particular, así como actuaciones políticas del personal cuyos antecedentes y actuación les corresponda investigar, con objeto de poder formar un concepto acabado y total de cada uno de los interesados”.

3.- También llamativa resulta la constante referencia al Frente Popular, a sus “tendencias”, cuando el gobierno del Frente Popular apenas tuvo tiempo de continuar con las reformas educativas que ya se adoptaron en el primer gobierno republicano y que, en cierta medida, quedaron paralizadas durante el bienio radical-cedista que se formó tras las elecciones de noviembre de 1933 y que estuvo en el poder hasta febrero del 36. A veces se olvida que casi la mitad del periodo de la II República, el poder político estuvo en manos de la derecha y que la victoria de la coalición izquierdista en el 36 fue la respuesta popular a unas políticas regresoras.

4.- Básicamente, lo que viene a decir este artículo es que se le dé traslado al interesado y que éste debe responder en 10 días con los descargos y la documentación que desee aportar. En caso de no localizar al o la docente, la propuesta de la Comisión, si incluye cargos, se publicará en el Boletín de la Provincia y, en caso de no obtener respuesta, “se seguirá el expediente como si hubiera sido oído.”

5.- Desde el golpe en julio de 1936, hasta marzo de 1938, era alcalde, bajo la nomenclatura de presidente de la Gestora, Sebastián Martínez de Pinillos y Bell, que ya había sido alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera. Sustituyó al alcalde electo, el médico Javier de la Cruz Cortijo, que tuvo que huir, logrando salvar la vida, en los momentos de la más dura represión.

6.- Juan Aragón, Marina Aragón, Juana Donato, Juana Galvín, Antonio Jaén Gil, José López, Dionisio Marín, Manuel Marín, José Montes Bonilla, Francisco Moreno, Antonio Saucedo, José Saucedo, S. Saucedo, Sebastián Saucedo, Lorenzo Vela, Rosario Velázquez, Manuel Virués, Marina Virués.

7.- En 1932, Eduardo Monzón y Fernández-Trujillo, era Juez de Instrucción, de 1ª Instancia, del partido de Chiclana. Igualmente, por el Tribunal Supremo fue nombrado para las revisiones de arrendamientos rústicos de casi toda la provincia.

8.- Toda la información obtenida en Chiclana ha sido gracias a la colaboración y el bien hacer de su archivero municipal, Diego Vidal Pérez, a quien le manifestamos nuestro agradecimiento.

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